La Secretaría de Trabajo de la Provincia de Río Negro ha consumado hoy un grave atropello institucional. Mediante la Resolución N.º RESOL-2025-915-E-GDERNE-ST, la titular del organismo, María Martha Avilez decidió hacer lugar a una impugnación extemporánea y sin sustento jurídico real, anulando un proceso democrático y transparente en el que los sindicatos de la administración pública habíamos alcanzado un acuerdo legítimo sobre la distribución de las vocalías gremiales en el Consejo Asesor del IPROSS.
En la audiencia celebrada el pasado 10 de junio, los sindicatos presentes —incluido el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM)— participaron activamente, sin que se opusiera objeción alguna a su legitimidad por parte de los representantes de SITSA, APEL ni UPCN. Solo cuando los resultados no les resultaron favorables, decidieron recurrir al viejo recurso del pataleo formalista. Pero lo que resulta escandaloso no es esa actitud, sino la respuesta de la Secretaría de Trabajo: en lugar de defender el proceso y garantizar el respeto al consenso alcanzado, optó por invalidarlo, desoyendo el principio de buena fe y lesionando la legalidad del sistema.
Este acto, que desanda el camino de la construcción colectiva, fue avalado por quien ocupa una función clave en el sostenimiento del diálogo social en nuestra provincia, pero que ha demostrado carecer de la solvencia técnica, el equilibrio político y la estatura institucional que el cargo exige. Se ha convertido así en cómplice de quienes, con desesperación, buscan revertir decisiones legítimamente adoptadas, atentando contra el principio de autonomía sindical y el respeto por las reglas del juego.
Lo que ocurrió no es menor: se trata de un avasallamiento de un espacio de decisión que no pertenece a ningún gobierno ni a ninguna funcionaria de turno, sino a los sindicatos de la función pública que, con esfuerzo, compromiso y voluntad política, construimos consensos donde otros solo siembran división.
Desde SITRAJUR, no sólo repudiamos esta resolución, sino que reafirmamos que la democracia no se negocia, y mucho menos se pisotea al antojo de intereses mezquinos o caprichos administrativos. Exigimos respeto por la representación gremial y por las decisiones tomadas en los ámbitos que legítimamente nos corresponden.