Enviamos una nota a todos los bloques legislativos con pedidos y modificaciones concretas al proyecto del Ejecutivo que habilita la derivación de aportes. «Ninguna decisión sobre la cobertura nos divide ni libera al Gobierno de su responsabilidad por la administración de nuestra obra social.»

Desde SITRAJUR presentamos ante todos los bloques de la Legislatura provincial una nota con nuestra posición sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que propone que los trabajadores estatales puedan derivar sus aportes del IPROSS a otra cobertura de salud. La presentación incluye un pedido de información, una solicitud de audiencia y ocho propuestas de modificación al articulado.

Representamos a todos

Queremos dejarlo claro desde el principio. Quienes consideran cambiar de cobertura buscan respuestas para su salud y la de sus familias. Quienes desean permanecer en el IPROSS tienen derecho a que la obra social funcione mejor. Ninguna de esas decisiones nos divide, y ninguna libera al Gobierno de su responsabilidad por la administración de nuestra obra social.

Como organización sindical, no desconocemos el malestar que genera el mal funcionamiento del IPROSS, ni hemos olvidado nuestro deber de representar a ambas posiciones, sin distinciones.

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Lo que nos dijeron nuestros afiliados

Antes de fijar posición, consultamos a los afiliados y afiliadas y numerosas respuestas, y sus conclusiones son claras.

La consulta no muestra un reclamo mayoritario por abandonar el IPROSS. Muestra un reclamo mayoritario para que el IPROSS funcione. El grupo más numeroso no expresó una decisión de irse, sino la necesidad de conocer costos y prestaciones antes de decidir. Y quienes manifestaron la intención de cambiar de cobertura lo hacen, en su enorme mayoría, por los problemas concretos que viven todos los días: demoras, turnos que no llegan, falta de especialistas, medicamentos sin cobertura, reintegros insuficientes, gastos que salen del bolsillo y prestadores que dejan de atender porque el Instituto no les paga.

El dato más elocuente es este: si el IPROSS mejorara su cobertura y su administración, más de la mitad de quienes respondieron elegiría quedarse. La voluntad de irse es, sobre todo, una reacción frente a un servicio que no responde.

Por eso hay que distinguir entre el derecho de opción y las causas que llevan a considerarlo. El reclamo es real y sostenido, pero su contenido principal es que el IPROSS funcione. Usar ese malestar como fundamento suficiente para modificar el sistema, sin explicar las fallas de la gestión, es confundir la consecuencia con la causa. Los trabajadores necesitan una cobertura que funcione, y la reforma no puede apoyarse en una lectura parcial que convierta las deficiencias actuales en una supuesta preferencia por la salida individual.

«Ninguna decisión sobre la cobertura nos divide ni libera al Gobierno de su responsabilidad por la administración de nuestra obra social.»

Lo que el proyecto no dice

El proyecto oficial se presenta como respuesta a un reclamo histórico, pero no explica sus causas ni propone cómo mejorar la atención de quienes permanezcan. Tampoco informa si el Estado ingresa efectivamente su contribución como empleador, ni cuánto adeuda. Y no modifica en nada quién decide en el IPROSS.

Lo que pedimos

En la nota enviada a los bloques solicitamos que el proyecto siga el trámite ordinario de doble vuelta y no se vote en una sola sesión, como pidió el Ejecutivo. La Constitución provincial reserva ese mecanismo a los casos de urgencia, y el propio proyecto prevé cuatro meses para su reglamentación.

Pedimos además que se requiera al Gobierno información sobre las contribuciones patronales de los últimos cinco años, discriminadas por empleador, y un estudio del impacto de la reforma sobre el financiamiento y las prestaciones del IPROSS. También solicitamos ser recibidos para exponer nuestra posición.

Nuestras propuestas

Entre las modificaciones al proyecto que presentamos se destacan:

Que quien decida cambiar de cobertura reciba antes, por escrito, información completa sobre lo que deja, lo que recibe y lo que deberá pagar de su bolsillo.
Que los hospitales públicos puedan identificar la cobertura de quienes atienden y cobrarle a la entidad correspondiente, para que la salud pública no termine financiando a la cobertura privada.
Que quien deje el IPROSS no pueda integrar su conducción.
Que la designación del presidente del Instituto requiera acuerdo de la Legislatura.
La creación de una Sindicatura de los Afiliados, con acceso a toda la información del IPROSS y obligación de informar a la Legislatura.
La publicación trimestral de los ingresos por aportes y contribuciones, y de lo que adeuda cada empleador.
La participación de las organizaciones sindicales en la reglamentación de la ley.

La discusión de fondo

La discusión no debe plantearse entre afiliados que se quedan y afiliados que se van. Debe plantearse entre un sistema que hoy no está dando respuestas y la obligación del Estado de asegurar una cobertura de salud adecuada y transparente.

Vamos a seguir informando a nuestros afiliados y afiliadas sobre cada instancia del tratamiento legislativo.

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