Hace un año nos movilizábamos a Viedma para defender el 2×1000. Nos recibió una Legislatura vallada, un operativo policial desmedido y una decisión política que, como advertimos entonces, apuntaba directamente contra una de las principales fuentes de financiamiento de SITRAJUR.

Desde el primer momento dijimos que no se trataba simplemente de eliminar una tasa. El 2×1000 contribuía al sostenimiento material de la organización sindical y permitía financiar buena parte de las herramientas necesarias para representar a las trabajadoras y los trabajadores judiciales. Entre ellas, una especialmente incómoda para quienes preferirían un sindicato débil: la capacidad de sostener una negociación colectiva real, con autonomía y recursos propios.

Un año después, el intento de desfinanciamiento produjo un daño concreto, pero no consiguió su objetivo político. SITRAJUR siguió funcionando, negociando y acompañando a sus afiliadas y afiliados. Aun con la pérdida de esos recursos, una administración responsable permitió sostener las prestaciones y cerrar un ejercicio superavitario. Continuaron la cobertura en farmacia, el convenio con IPROSS y el convenio con el Colegio de Bioquímicos, además del acompañamiento gremial, jurídico y sindical cotidiano.

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Eso demuestra nuestra capacidad para resistir. Pero no modifica la gravedad de lo ocurrido. Haber sobrevivido al daño no convierte en legítima la decisión que lo provocó.

Y acá aparece una responsabilidad que ya no puede seguir disimulándose: la del Superior Tribunal de Justicia.

SITRAJUR recurrió a las instituciones y planteó judicialmente la inconstitucionalidad de la eliminación del 2×1000. Ahora corresponde que el máximo tribunal provincial se pronuncie sobre el fondo. Y el STJ no puede presentarse como un espectador ajeno a esta historia. Es cabeza del Poder Judicial y es, además, quien se sienta frente a nuestro sindicato en la negociación colectiva para discutir salarios y condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores judiciales.

Sus integrantes conocen perfectamente qué significa la libertad sindical, qué protege la autonomía de las organizaciones de trabajadores y por qué la negociación colectiva requiere que las partes puedan participar de ella con independencia. También saben qué significa quitarle recursos a una de esas partes mientras debe seguir sentándose a negociar frente al propio Estado.

Por eso, a un año de aquella jornada, es tiempo de sacarse las caretas. Ya no alcanza con el silencio ni con dejar correr el tiempo. El Superior Tribunal debe resolver y asumir la responsabilidad institucional que le corresponde.

No estamos pidiendo un favor ni reclamando un gesto de simpatía hacia SITRAJUR. Estamos exigiendo una respuesta del máximo tribunal frente a un planteo constitucional que involucra derechos sindicales, autonomía y negociación colectiva.

Durante este año demostramos que no pudieron vaciarnos. Sostuvimos el sindicato, las prestaciones, la representación y la negociación colectiva aun después de que nos quitaran una fuente fundamental de financiamiento.

Ahora es tiempo de que el Superior Tribunal de Justicia diga, de una vez por todas, de qué lado coloca a la Constitución cuando están en juego los derechos sindicales de sus propios trabajadores y trabajadoras. Es hora de sacarse las caretas.

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