Desde SITRAJUR presentamos una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Ley 5830 y recusamos a la totalidad de los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, porque estamos convencidos —con fundamentos jurídicos claros— de que no se encuentran en condiciones de garantizar la imparcialidad que exige el control judicial.

La recusación se apoya en razones elementales de decoro, ajenidad institucional y razonable duda sobre la imparcialidad, toda vez que el propio STJ ha tenido un rol activo y determinante en el proceso político e institucional que desembocó en la norma cuya constitucionalidad ahora se cuestiona. Pretender que ese mismo tribunal ejerza el control de constitucionalidad desnaturaliza la función judicial y erosiona la confianza pública en la Justicia.

La acción fue formalmente iniciada el 26 de diciembre de 2025 a las 11:47 horas, quedando radicado el expediente ante la Secretaría de Causas Originarias y Constitucionales del STJ. No se trata de un comunicado ni de una advertencia política: se trata de un proceso judicial en curso.

Nada empieza con esta ley: una secuencia de hechos

La Ley 5830 no es un hecho aislado. Es un eslabón más de una secuencia que comenzó con la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, continuó con el vaciamiento del ámbito paritario, y se profundizó con reiterados intentos de modificar condiciones laborales por fuera de la negociación colectiva, en abierta violación de la Ley 5009 y de los estándares constitucionales y convencionales.

Desde entonces, las trabajadoras y los trabajadores judiciales venimos asistiendo a:

el debilitamiento deliberado del sistema de negociación colectiva,
la sustracción progresiva de obligaciones que el Estado empleador debía asumir,
y una persecución sistemática a la conducción sindical, que se expresa tanto en el plano normativo como en el institucional.

La derogación del aporte que financiaba la negociación colectiva completa ese recorrido: primero se vacía el ámbito, luego se lo desfinancia.

El brazo legislativo y la decisión política real

La Ley 5830 fue presentada formalmente por Elba Mansilla, del bloque Primero Río Negro. En dos años de mandato, este es el primer proyecto de ley que impulsa, seguido por otra iniciativa orientada a eliminar la feria judicial.

Pero nadie en la provincia desconoce que esta reforma responde a una decisión política del oficialismo, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y ejecutada en la Legislatura por Lucas Pica y Facundo López.

La figura de una legisladora sin actividad previa relevante opera como brazo ejecutor formal de una decisión que excede largamente su autoría. La norma no es individual: es estructural y responde a una lógica de poder.

El rol del Superior Tribunal de Justicia

Lo que vuelve institucionalmente grave a este escenario es que el Superior Tribunal de Justicia no es ajeno a este proceso, sino parte de él. Existen coincidencias de intereses, alineamientos sostenidos y una actuación funcional del STJ respecto de las reformas que afectaron la negociación colectiva judicial.

Por eso los recusamos. No por especulación, no por estrategia, sino porque creemos férreamente que no pueden ser imparciales. Máxime cuando existen planteos jurídicos en trámite en el plano internacional directamente dirigidos contra este Superior Tribunal, derivados de las reformas regresivas y del vaciamiento del ámbito paritario.

Jueces y parte: un problema democrático

No es la primera vez que recusamos al STJ. En oportunidades anteriores, las recusaciones no fueron aceptadas, consolidando una práctica que resulta inadmisible en un sistema republicano: un tribunal que decide sobre la validez de actos en los que tuvo intervención institucional directa.

Ese es el núcleo del problema. Son jueces y parte. Y cuando un poder del Estado se arroga la facultad de juzgar su propio accionar, el problema deja de ser sindical y pasa a ser democrático.

Un conflicto que ya está en la agenda internacional

Esta acción judicial se suma a los reclamos que actualmente se encuentran en trámite ante la OIT y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se denuncian las afectaciones a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a las garantías institucionales.

La responsabilidad que aquí se discute no es sólo jurídica. Es institucional y política. Y alcanza al Poder Ejecutivo, al bloque oficialista en la Legislatura y al Superior Tribunal de Justicia.

Desde SITRAJUR no vamos a naturalizar este esquema de poder. Vamos a seguir exponiéndolo, en los tribunales, en los organismos internacionales y ante la sociedad.

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