Finalizó la investigación contra la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón. El instructor sumariante concluyó que no existen elementos suficientes para avanzar con un procedimiento de remoción y el Consejo de la Magistratura de manera unánime aceptó su informe. Las actuaciones serán remitidas ahora al Procurador General para que determine si corresponde alguna intervención dentro de la Superintendencia del Ministerio Público.

Para SITRAJUR, el desenlace no sorprende. Lamentablemente, se parece demasiado a lo que venimos advirtiendo desde el comienzo: cuando la estructura judicial debe investigarse a sí misma, los mecanismos institucionales parecen funcionar mejor para diluir responsabilidades que para determinar qué ocurrió y proteger a quienes denunciaron.

No estamos hablando de una denuncia aislada ni formulada por personas ajenas al Poder Judicial. Quienes denunciaron pertenecen a la propia institución. Conocen cómo funciona una Fiscalía, conocen sus jerarquías y saben perfectamente lo que significa denunciar a una Fiscal Jefa dentro de una estructura profundamente vertical.

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Entonces surgen interrogantes inevitables: ¿todos estaban equivocados? ¿Todos interpretaron mal lo que vivieron? ¿Todos confundieron violencia, hostigamiento o maltrato con simples diferencias laborales? ¿Debemos entender ahora que aquello que sintieron, denunciaron y sostuvieron todo este tiempo nunca ocurrió o no tiene entidad suficiente para que alguien responda?

La investigación fue extensa. Se convocó a decenas de testigos, se incorporó documentación, audios, capturas de pantalla, información de distintas áreas y actuaciones vinculadas con los hechos denunciados. Sin embargo, después de todo ese recorrido, la conclusión vuelve a conducir al mismo lugar: Cendón no deberá responder ante el Consejo de la Magistratura.

Y no es la primera vez. Cuando estas denuncias transitaron el ámbito penal, SITRAJUR cuestionó duramente el archivo dispuesto por el Fiscal Jefe de Viedma y las posteriores dificultades para lograr una revisión efectiva de aquella decisión. Advertimos entonces sobre una respuesta corporativa de una estructura que debía investigarse a sí misma.

Ahora interviene otro mecanismo institucional, se produce una investigación mucho más extensa y el resultado vuelve a ser extraordinariamente parecido.

Por eso también cuestionamos fuertemente el desempeño del instructor sumariante y la lógica utilizada para analizar las denuncias. Que algunas personas hayan mantenido una relación laboral adecuada con Cendón no invalida aquello que otras dijeron haber padecido. La violencia laboral no necesita ejercerse contra todos para existir.

Un superior puede mantener relaciones normales con una parte de un equipo y ejercer violencia sobre otra. Mucho más dentro de una estructura jerarquizada, donde las relaciones de poder no son iguales y donde denunciar a quien tiene capacidad de decisión sobre la vida laboral de otras personas nunca es un acto inocuo.

Fragmentar los hechos, relativizar testimonios porque existen otros diferentes y analizar cada episodio despojado del contexto en el que se produce puede conducir a una conclusión tan cómoda como peligrosa: hubo conflictos, hubo tensiones, hubo formas de conducción cuestionables, hubo personas que dijeron sentirse violentadas, pero finalmente nadie es responsable. Y ese es precisamente el problema.

Una estructura que se protege a sí misma

La discusión excede ya a Betiana Cendón. Lo que está en cuestión es cómo responde el Poder Judicial cuando debe investigar a integrantes de sus propias estructuras de poder.

SITRAJUR viene advirtiendo que la violencia laboral dentro del Poder Judicial no puede ser tratada como una sucesión de conflictos personales, incompatibilidades de carácter o problemas de comunicación. Esta discusión ocupó un lugar central en nuestra Plenaria Provincial y tiene un epicentro particularmente preocupante en la Tercera Circunscripción.

Existe un problema estructural. Existen relaciones profundamente desiguales de poder. Y existe también una estructura que tiene la obligación de prevenir la violencia, proteger a quienes la denuncian e investigar seriamente las responsabilidades.

Sin embargo, frente a este caso hemos visto una enorme capacidad institucional para explicar por qué los hechos denunciados no alcanzan. Lo que todavía no hemos visto con la misma contundencia es una respuesta destinada a explicar qué ocurrió con las personas que dijeron haber sido violentadas.

Por eso hablamos de corporativismo.

Cuando distintas instancias de una misma estructura encuentran sucesivamente razones para evitar que una funcionaria jerárquica responda frente a denuncias formuladas desde el interior del propio Poder Judicial, tenemos derecho a preguntarnos qué está ocurriendo.

¿A quién le sirve proteger a Cendón de esta manera? ¿Qué se protege cuando se la protege?

No afirmamos conocer respuestas que la institución no ha dado. Precisamente por eso preguntamos. Y cuanto más se cierra sobre sí misma la estructura, más legítimas se vuelven esas preguntas.

Los problemas siguen ahí

Ahora el expediente será remitido al Procurador General. Cambia de oficina, cambia el ámbito de intervención, pero hay algo que ninguna resolución puede modificar: el conflicto está lejos de haber sido zanjado.

Los problemas no desaparecen porque una instancia administrativa concluya. Las personas siguen ahí. Los vínculos laborales siguen ahí. Las consecuencias de lo ocurrido siguen ahí. Y también siguen allí quienes denunciaron, quienes declararon y quienes tuvieron que continuar desarrollando sus tareas mientras esperaban durante meses que la propia institución determinara qué había sucedido.

El tiempo, en estos casos, tampoco es neutral. Las personas denuncian, aportan pruebas, declaran, esperan, vuelven a explicar lo ocurrido y continúan trabajando dentro de la misma estructura. Mientras tanto, los expedientes pasan de una oficina a otra y las responsabilidades se fragmentan.

El tiempo pasa y las personas se desgastan. Hasta que alguien se cansa. Hasta que deja de reclamar. Hasta que necesita seguir adelante con su vida. Y entonces el silencio producido por el agotamiento corre el riesgo de ser presentado como si el problema hubiera desaparecido.

Dilapidar el tiempo de las personas hasta que se cansen no es resolver un conflicto. Es administrarlo hasta que todo se calme y ahí hacer gala de la inagotable creatividad que tienen para construir razones una y otra vez para garantizar que hechos como éste queden impunes.

Por eso la remisión del expediente a la Procuración General no puede convertirse simplemente en una nueva estación de ese recorrido.

Aún así, SITRAJUR seguirá acompañando a las trabajadoras y trabajadores que denuncian situaciones de violencia laboral y seguirá exigiendo respuestas. Porque ninguna decisión administrativa puede decretar que aquello que vivieron las personas no ocurrió.

El Consejo de la Magistratura terminó su intervención. El conflicto, lejos de haber terminado, sigue ahí.

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