El fiscal Hernán Trejo desestimó las acusaciones sin una investigación profunda y el fiscal general subrogante Juan Pedro Peralta cerró la puerta a cualquier revisión. El caso expone tensiones internas y reaviva críticas al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

Desde esta organización manifestamos nuestra profunda preocupación ante lo ocurrido en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Río Negro, situación que, por su gravedad institucional, impacta directamente en la credibilidad del Poder Judicial en su conjunto.

Las denuncias formuladas contra la fiscal Betiana Cendón, impulsadas por funcionarios y agentes judiciales, contenían señalamientos que, por su entidad, requerían al menos una investigación seria, imparcial y exhaustiva. Sin embargo, el fiscal Hernán Trejo resolvió desestimarlas de manera rápida, sin avanzar en un análisis de fondo que permitiera esclarecer los hechos denunciados.

Lejos de abrirse una instancia de revisión que aportara mayor transparencia, el proceso se cerró definitivamente cuando el Fiscal General subrogante Juan Pedro Peralta rechazó el pedido de revisión, impidiendo cualquier análisis posterior sobre lo actuado.

Esta secuencia —archivo sin investigación profunda y negativa a revisar esa decisión— configura un escenario preocupante que no puede ser naturalizado.

No se trata únicamente del contenido de las denuncias, sino del modo en que el sistema responde cuando los cuestionamientos se dirigen hacia su interior. En este caso, lejos de promover el esclarecimiento, se optó por clausurar la discusión, limitando la posibilidad de control y revisión.

Resulta especialmente relevante destacar que las denuncias no provinieron de actores externos, sino de integrantes del propio Poder Judicial, lo que refuerza la gravedad institucional de lo sucedido y exige respuestas acordes a esa responsabilidad.

La falta de una investigación seria no solo afecta a quienes denunciaron, sino también a la propia fiscal involucrada, quien queda sin una resolución sólida que permita despejar de manera definitiva cualquier duda sobre su actuación.

Este tipo de decisiones alimenta una percepción cada vez más extendida: la existencia de un sistema que actúa con criterios distintos según quién sea el involucrado, mostrando rigor hacia afuera pero una preocupante cautela cuando los hechos comprometen a sus propios integrantes.

Un Ministerio Público Fiscal que, frente a denuncias graves, responde con rapidez para cerrar, pero sin brindar explicaciones suficientes.

Un Poder Judicial que aparece cada vez más hermético, distante y con escasa apertura al control.

Un sistema que limita quién puede cuestionar y quién no, debilitando los mecanismos de transparencia que resultan esenciales para su legitimidad.

Frente a este escenario, reafirmamos la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y externo, garantizando procesos claros, investigaciones serias y decisiones debidamente fundamentadas.

La confianza en la justicia no se construye cerrando expedientes, sino investigando con responsabilidad y dando respuestas a la sociedad.

Porque cuando eso no ocurre, las consecuencias trascienden cualquier caso particular.

Que peligroso, que triste.

Inicio