Este martes 28 de mayo, las trabajadoras y los trabajadores judiciales de toda la provincia protagonizaron una contundente jornada de retención de servicios y movilización, en el marco de un conflicto creciente con el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La medida, convocada luego de que el STJ hiciera caso omiso a la intimación formal presentada por el gremio, tuvo un altísimo nivel de acatamiento en todas las circunscripciones, reflejo del profundo malestar que atraviesa nuestro sector.
La falta de respuestas a los reclamos salariales y el deterioro sistemático de las condiciones laborales son las principales causas de este descontento generalizado. Las y los judiciales venimos sufriendo un proceso de licuación salarial, que ha dejado los ingresos muy por debajo del costo de vida real.
En este contexto, cada vez son más las y los trabajadores que renuncian a sus cargos en la justicia provincial para ingresar al Poder Judicial de Neuquén o al Federal, donde las condiciones salariales y laborales son considerablemente mejores. Esta situación no solo provoca una preocupante pérdida de personal capacitado, sino que también deja en evidencia la alarmante indiferencia del Poder Judicial de Río Negro ante la crisis que atraviesa su propio sistema. Lejos de buscar soluciones, parece aceptar con pasividad el deterioro institucional y el vaciamiento y por supuesto, apostar al conflicto.
Resulta llamativo y grave que el propio Poder Judicial, garante del cumplimiento de la ley, incumpla con los acuerdos paritarios vigentes, que tienen fuerza legal. ¿Qué puede esperar el resto de la sociedad si quienes deben impartir justicia son los primeros en vulnerar las normas que los obligan?
El STJ tiene la facultad de convocar y definir la paritaria, pero por orden directa del Poder Ejecutivo Provincial ha optado por postergarla, en una clara muestra de subordinación política y lejos de comportarse como un poder autónomo, no ha mostrado la más mínima voluntad de mejorar las condiciones laborales de sus propios trabajadores.
La jornada del 28 de mayo demostró que el malestar se convirtió en organización, y que la paciencia se agotó. Las y los judiciales ya no estamos dispuestos a tolerar el silencio, el ninguneo y la vulneración sistemática de nuestros derechos. El conflicto sigue abierto, y mientras el STJ no escuche, la lucha se va a profundizar.