En defensa de una compañera del CADEP Cipolletti, se reclamó la revisión de una calificación arbitraria, la ampliación del período de prueba y el fin de las evaluaciones sin formación, sin seguimiento y sin marco normativo.

Desde el Sindicato de Trabajadorxs Judiciales de Río Negro, hemos solicitado formalmente la reconsideración de la calificación desfavorable que recibió una compañera en período de prueba en el CADEP de Cipolletti, así como la ampliación de dicho período en un nuevo organismo, bajo criterios objetivos, sin sesgos ni discrecionalidad.

¿Por qué fue urgente intervenir?
Porque no puede consolidarse un sistema de evaluación que carezca de reglas claras, protocolos definidos y tiempos de devolución adecuados. Y en este caso, lo que estuvo en juego no fue solo el futuro laboral de una compañera, sino el derecho colectivo a ingresar y permanecer en el Poder Judicial con transparencia, previsibilidad y equidad.

Las evaluaciones fueron comunicadas casi al finalizar el plazo de seis meses, impidiendo cualquier posibilidad de corrección, acompañamiento o defensa.

No existieron instancias formales de tutoría, devolución ni seguimiento técnico. Se evaluó sin formar, se exigió sin orientar.

El organismo no cuenta con manuales, protocolos ni lineamientos escritos que orienten a las personas ingresantes. En este contexto, la evaluación deviene arbitraria por definición.

Las propias planillas presentan contradicciones: en una se reconoce eficiencia, en la otra se reduce la calificación en aspectos sin explicación. Se calificó negativamente por “iniciativa y creatividad”, un criterio que no puede exigirse a una persona en etapa inicial sin herramientas ni autonomía funcional real.

Este no es un caso aislado. Con creciente frecuencia, compañerxs que atravesaron procesos evaluatorios exigentes para concursar un cargo, son posteriormente sometidos a nuevas instancias de evaluación sin criterios objetivos, sin normativa clara y sin derechos garantizados. Así, personas reales —que no son números ni ítems en una planilla— ven truncadas sus expectativas de estabilidad, proyecto de vida y realización laboral.

Se trata de madres, padres, jóvenes profesionales, trabajadorxs que depositaron en el ingreso judicial no solo un puesto, sino un futuro. Y de buenas a primeras, sin explicaciones ni posibilidad de defensa, pasan a engrosar el índice de desocupación.

Parece que los vientos de época han naturalizado la falta de empatía. La crueldad se ha vuelto práctica aceptada, cuando no exhibida con orgullo. Como advirtió Hannah Arendt en su libro, «Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal», el verdadero peligro no reside solo en los actos extremos, sino en la normalización de decisiones injustas realizadas bajo una aparente lógica técnica o burocrática, sin cuestionamientos éticos ni responsabilidad subjetiva.

¿Qué reclamamos desde SITRAJUR?

Que la calificación sea revisada bajo parámetros objetivos y verificables.
Que se respete la progresividad que debe tener todo período de prueba.
Que se otorgue continuidad en otro organismo, con nuevas condiciones de evaluación y sin prejuicios previos.
Que se termine con la discrecionalidad disfrazada de evaluación técnica.

Porque hoy fue una compañera, y mañana puede ser cualquiera de nosotros.
Porque no hay estabilidad sin reglas claras.
Porque el ingreso judicial no puede depender del humor, la subjetividad ni la informalidad.

¡Basta de evaluaciones sin marco normativo!
¡La estabilidad laboral se defiende!
SITRAJUR está donde hay que estar.

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